La recientemente presentada One Big Beautiful Bill, promovida por el presidente Donald Trump, plantea un cambio estructural profundo en el sistema de salud estadounidense. Con un recorte estimado de más de un billón de dólares a Medicaid y a la Ley de Asistencia Asequible (ACA) para 2034, se proyecta que más de 16 millones de personas perderían su cobertura sanitaria, con especial afectación sobre poblaciones migrantes, personas con discapacidad y residentes en áreas rurales.
La legislación introduce nuevos requisitos de elegibilidad, incluyendo la verificación mensual de ingresos y residencia, así como la obligación de cumplir con 80 horas de trabajo mensuales para adultos sin personas a cargo, entre 19 y 64 años. Si bien se prevén exenciones para personas con discapacidad, los expertos advierten que la burocracia asociada podría provocar exclusiones indebidas. La experiencia previa en Arkansas —donde 18.000 personas perdieron cobertura en siete meses debido a trabas administrativas— refuerza esa preocupación.
Asimismo, la ley restringe el acceso a subsidios de salud para diversos grupos de migrantes, incluidos refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes con visados humanitarios. Los estados que ofrecen cobertura a personas indocumentadas a través de Medicaid enfrentarán sanciones económicas, lo que ya ha llevado a California a congelar nuevas inscripciones en su programa Medi-Cal y a Illinois a suspender iniciativas similares.
Los efectos podrían ser especialmente graves en zonas rurales, donde Medicaid constituye una fuente sustancial de financiamiento hospitalario. Pese a la creación de un fondo de estabilización de 50.000 millones de dólares, se estima que cerca de 300 hospitales rurales están en riesgo de cierre. Además, según un estudio publicado en JAMA Health Forum, la reducción de la cobertura sanitaria podría derivar en más de 1.000 muertes adicionales al año, casi 100.000 hospitalizaciones y un aumento significativo de las deudas médicas.
Aunque los recortes se concentran en Medicaid, Medicare también podría verse afectado por reducciones automáticas de financiamiento. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, estas podrían superar los 480.000 millones de dólares entre 2027 y 2034.
Si bien algunos estados buscan medidas paliativas, las restricciones fiscales federales limitan severamente su margen de maniobra. En este contexto, organizaciones sanitarias, académicos y actores políticos señalan que la ley representa el mayor recorte regresivo en la historia del sistema de salud federal de Estados Unidos.
Las transformaciones que plantea esta ley invitan a reflexionar más allá de los números o de los modelos de financiamiento. En el fondo, la pregunta que atraviesa el debate es si se sigue entendiendo la salud como un derecho. Cuando el acceso a la atención sanitaria queda condicionado a requisitos laborales o administrativos, ese derecho deja de ser universal y se vuelve selectivo. Por eso, vale la pena preguntarse qué lugar ocupa hoy el cuidado en la sociedad, cómo se sostiene colectivamente el acceso a la salud y a quiénes se deja afuera en ese proceso.
Fuente: Alonso Martínez, “Medicaid bajo la nueva ley de Trump: cómo afectará a los migrantes y a las personas con discapacidad”, El País de Madrid, 24 de julio de 2025.
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